No estoy en contra de más y nuevos impuestos, siempre y cuando mejoren la infraestructura y los servicios públicos. Hablo de carreteras, puertos, aeropuerto, escuelas, hospitales, y demás servicios que se dan a la población en todas las instituciones gubernamentales.
Pero el problema es que en lugar de mejorar, los complican, como es el caso ciertos trámites en algunas dependencias donde el trabajo que antes lo hacía una personas hoy dos y hasta tres, con la consiguiente pérdida de tiempo para los usuarios.
Y qué decir de los hospitales y unidades de salud, donde no hay suficientes medicinas para la diversidad de enfermedades de que padece la población; la calidad de la educación pública es otro ejemplo de que las cosas andan mal en este país.
Con rarísimas excepciones, la mayoría de jóvenes talentos en diferentes disciplinas del conocimiento humano salen de colegios privados; solo unos pocos provienen de escuelas públicas e institutos nacionales.
Recuerdo que antes los jóvenes que recién salían de noveno grado, se disputaba el ingreso a entidades reconocidas como el Instituto Nacional, la Escuela Nacional de Comercio y la Escuela Normal Alberto Masferrer para estudiar su bachillerato, por mencionar algunas. La tercera desapareció hace mucho y las dos anteriores es como si no existiera, pues han desmejorado tanta su enseñanza que no dan ganas de mandar a los hijos a estudiar allí.
Ahora, y aunque siempre ha sido así, los padres de familia con cierta capacidad de compra, son quienes se pelean por obtener un puesto para sus hijos en colegios de prestigio, como el Liceo Salvadoreño, Externado San José, García Flamenco, María Auxiliadora, La Asunción, Champagnat, entidades educativas que antes eran solo para quieres roncaban duro, como decía mi abuela, al referirse a la gente de pisto.
Si bien, el actual gobierno ha implementado la entrega de uniformes, zapatos, útiles, el vaso de leche y reforzado los desayunos escolares, para que haya mayor interés de padres de familia, sobre todo del campo, de enviar a sus hijos a estudiar, la calidad de la educación ha desmejorado tanto, que la mayoría de familias prefieren hacer un poco más de sacrificio económico para que sus hijos vayan a un colegio privado, pues es bien sabido que los graduados en estos lugares tienen mejores oportunidades de insertarse al mercado laboral, sobre todo en el sector privado, que es el que genera empleo.
En la salud, no se diga, Si bien es cierto que en la red de hospitales nacionales están los mejores médicos, estos trabajan a desgano, o en la mayoría de casos, lo hacen solo para recibir un salario mensual como empelados públicos, pues su verdadera vocación la ponen en práctica en sus clínicas y consultorios privados.
Porqué se da esto, sencillamente porque han pasado a formar parte de la enorme red de corrupción en el aparato estatal. En los hospitales públicos, los médicos se recomiendan unos a otros los pacientes que ellos mismos se encargan de afligir, al dejarles citas hasta para un año o más, lo que aprovechan para recomendarles que acudan al Dr. Fulano o a la Dra. Sutana para ser tratados rápidamente de sus dolencias.
Falta de visión
Hago la descripción anterior, para dar como muestra un botón, de que nuestros impuestos están siendo mal utilizados por el gobierno, que no ha sabido elaborar un esquema efectivo de prestación de servicios públicos, aprovechando los grandes beneficios que ofrece la tecnología, especialmente del internet.
Ahora bien, ante la incapacidad de hacerlo, para utilizar mejor los recursos humanos y materiales, producto de una buena administración de los fondos públicos, no se les ocurre otra idea que aumentar o crear nuevos impuestos, como los recientemente anunciados.
Se habla de por lo menos tres nuevos impuestos, uno a bienes suntuarios o de lujo, incluyendo los ranchos de playa y segundas casas; también se está barajando hacer que paguemos tributos por las llamadas entre celulares y por darse un buen gustazo, de vez en cuando, en los restaurantes de comida rápida. Esto último lo puso la semana pasada en el tapete de discusión el presidente del BCR, Carlos Acevedo.
La idea según Roberto Rubro, uno de los economistas bastante conservadores de este país, es que con este tipo de impuestos, se contribuiría a hacer llegar más recursos al Fisco, y a disminuir el consumismo, no el consumo normal, en beneficio de los salvadoreños "botarata", que botan su dinero en excesivas llamadas telefónicas a celulares, que hasta dejan de comer bien por cargar saldo.
Pero lo que cayó como balde de agua fría sobre un buen segmento de población, fue el anuncio de gravar con 0.25% las operaciones financieras, específicamente el pago de cheques, las transferencias electrónicas de dinero, los depósitos, pagos y retiros en efectivo en cuentas bancarias.
Sobre estas últimas pretensiones se desató una fuerte ola de críticas, debido a que toca el bolsillo de cientos de miles de salvadoreños que por necesidad u obligación, ahora hacen uso del sistema bancario para múltiples propósitos, muchos de los cuales quedarán fuera de las exenciones plasmadas en el borrador del anteproyecto de la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras.
El tributo para controlar la liquidez, que se refiere a pagar el 0.25% sobre el monto de los depósitos, pagos y retiros en efectivos de cuentas bancarias, está bien como medida de presión para que los comerciantes informales, que por ahora no pagan el impuesto sobre la renta y el IVA, empiecen a pagarlos.
Igual me parece que se aplique tributo a las operaciones de reventa de toda clase de títulos valores (incluyen do las acciones) en la bolsa de valores, porque realmente son enormes cantidades de dinero las que se allí se tranzan.
Pero que se grave el monto pagado de cualquier tipo de cheque o transferencia electrónica, menos los salarios y otras pequeñas excepciones, no me parece una medida atinada y justa, en particular porque los empresarios tendrán que pagar 25 centavos por cada cheque de $100.00 o transferencia electrónica por ese monto en sus compras de materias primas, o importaciones de productos para vender aquí, lo cual encarecerá su precio y al final el impuesto lo terminaremos pagando todos.
Lo anterior significa que si la empresa compra materias primas por $100,000.00 ya sea con cheque o transferencia electrónica, tendrá que pagar de impuesto $250.00, y esa cantidad la asimilará la empresa o la trasladará al precio de sus productos, es la pregunta.
Tampoco me parece que se pague impuesto por comerse una suculenta hamburguesa en el Burger King, o una grasienta Pizza Hut, etc., porque no es afectar a la clase media y media alta, sino a los sectores populares, porque con excepción de unos poquísimos casos, creo que las mayorías personas de este país, van de vez en cuando a darse un gustito a esta clase de restaurantes.
En lugar de ello, los iluminados altos funcionarios de gobierno, deberían elaborar un plan de verdadera austeridad para reducir en 10% como mínimo los gastos corrientes, recortando aquellas plazas que son innecesarias y que, como señalé al principio, no han hecho más que duplicar y hasta triplicar muchos procesos administrativos que tienen que ver con los trámites públicos, volviéndolos más engorrosos y deficientes como en el caso de los de salud y educación.
