Falta registro de motoristas en el VMT

No me consta si existe un registro computarizado de choferes en el Vice Ministerio de Transporte, pero el sentido común me hace pensar que no.
Conozco muchos casos de conductores que han provocado accidentes graves, con resultados fatales, sin que hayan sido procesados judicialmente. Y es porque el VMT no cuenta con un registro para ubicarlos.
Si lo tuviera, sería fácil encontrarlos por medio del registro, pero a falta de ello, los motoristas después de causar los fatales accidentes, sencillamente se dan a la fuga y a los pocos días aparecen manejando otra unidad del transporte colectivo en otra ruta.
Los propietarios de las unidades también son responsables de sus fechorías, pues aunque sepan dónde ubicarlos, sencillamente no los denuncian.
Pero como si eso fuera poco, lo peor es que a cualquier ayudante o cobrador que apenas aprende a medio manejar le confían las unidades del transporte colectivo, sin importarles que no estén debidamente capacitados para cargar con esa responsabilidad.
De esa manera mantienen y fomentan la irresponsabilidad y eternizan la ocurrencia de accidentes que siguen cobrando la vida de gente inocente, sin que el VMT haga lo que tendría que hacer para evitarlo.
Es más, no debería ser suficiente con tener un registro, sino que el VMT debería otorgar un permiso especial, a parte de la licencia que emite Sertracen, para que los choferes puedan ser autorizados a conducir las unidades del transporte público de pasajeros.
Lo mejor sería que los fichara a todos y que cada quien, de acuerdo a un examen psicológico, más que práctico, le dieran una categoría a fin de que sea autorizado para conducir los microbuses y autobuses del transporte colectivo.
Además el registro computarizado permitiría que al chofer que cometa un accidente fatal o que provoque con su imprudencia que otro conductor se accidente, se le retirará dicho permiso, a fin de que jamás sea contratado por el propietario de un bus o microbús del transporte colectivo.
También se le debería cancelar la licencia de Sertracen y el permiso del VMT para que tampoco pueda manejar incluso vehículos que se utilizan para el transporte de personal de empresas o entidades públicas, incluyendo aquellos para el traslado de escolares.
Es más, todas las plazas de motoristas que oferten las empresas e instituciones públicas deberían pasar por este filtro, para evitar consecuencias lamentables.
Para mejores resultados se debería exigir como mínimo que los aspirantes a conducir unidades del transporte colectivo público de pasajeros se les exigiera como mínimo una preparación académica con el título de bachiller.
Para mayor control de estos cafres al volante, el VMT debe contar con un cuerpo de supervisores que se encarguen de auditar periódicamente a los propietarios individuales y cooperativas de autobuses y microbuses.
El propósito de esta medida debe ser cerciorarse de que no tengan entre sus motoristas a quienes hayan infringido el reglamento general de tránsito, al menos con faltas muy graves, ya no se diga aquellos que han sido responsables de accidentes con consecuencias fatales.
Y, aquellos mal llamados empresarios del transporte colectivo, que no cumplan con esas disposiciones también deberían ser multados y, hasta cancelárseles sus permisos de línea, por contratar a este tipo de choferes irresponsables.
Solo así creo que poco a poco se podría sacar de las calles a tanto motorista irresponsable y se comenzaría a profesionalizar este trabajo y a garantizar la vida de las personas que a diario hacen uso del transporte colectivo de pasajeros.
La pelota ahora está en la cancha del Vice Ministro de Transporte, Nelson García, quien puede escribir una página nueva al frente de esa cartera de Estado y sentar un precedente para que desaparezcan las llamadas rutas de la muerte.
Todo lo que se necesita es voluntad política y amarrarse bien los pantalones para acabar con el luto y dolor que estos cafres siguen provocando a lo largo y ancho del país.

Tira y encoge por posible reforma tributaria

El Gobierno y la empresa privada se han entrampado en dimes y diretes acerca de un paquete fiscal que se está preparando sin el consentimiento de los empresarios y que el Ejecutivo quiere discutir en el Consejo Económico y Social (CES) para justificar el alza de impuestos y lograr su aprobación al pasarlo a la Asamblea Legislativa.
El lunes, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) destacó que el gobierno pretende imponer el paquete fiscal, disfrazándolo de una reforma tributaria como parte de un pacto fiscal, que ni siquiera se ha discutido con profundidad de análisis en el seno del CES.
La ANEP reiteró que no avalarán ese paquetazo fiscal, porque más impuestos contraerán más la economía y perjudicarán el bolsillo de todo el pueblo, pero principalmente el de las familias más pobres.
El presidente de la cúpula empresarial dijo que los impuestos no pueden ser ni pretender ser solo para los ricos, como sostiene el Gobierno, porque al final “los impuestos los pagamos todos los salvadoreños”.
Ante ese tira y encoge, los empresarios tomaron la palabra al arzobispo de San Salvador, Monseñor Luis Alas, quien en la homilía del pasado domingo llamó al Gobierno a dialogar con la empresa privada para discutir el aumento de impuestos y buscar la forma de sacar adelante y enrumbar al país hacia la recuperación económica.
En la conferencia de prensa de la ANEP, que estuvo respaldada por representantes de todos los sectores productivos del país, el presidente de la gremial, pidió al Ejecutivo que dialoguen sobre un verdadero pacto fiscal y que no pretenda imponer una reforma tributaria inconsulta con los empresarios que son los que pagan los impuestos.
Araujo dijo que antes de hablar de una reforma tributaria, hay que retomar la negociación de un genuino pacto fiscal, en que se analicen el gasto corriente del Gobierno, los ingresos que percibe y el clima de inversiones, pero con la debida transparencia y rendición de cuentas a la población.
Lamentó que el Ejecutivo haya implantado un paquetazo fiscal en 2010, aumentado el gasto corriente con alzas de salarios a los burócratas y nuevas plazas gubernamentales, el desproporcionado incremento de la deuda pública que ya supera el 54% del Producto Interno Bruto (PIB) y en general la poca transparencia en la ejecución de la inversión pública.
Pidió que se ponga en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública tal y como fue aprobada en diciembre del año pasado y que se modernice la Corte de Cuentas, convirtiéndolo en un institución contralora independiente, sin cuotas partidarias.
Se debe elegir a sus dirigentes más por capacidad académica y honorabilidad que por formar parte de un partido político, dijo en clara alusión a que hasta hoy, la Corte de Cuentas siempre ha estado politizada e ideologizada.
Solo si se hace eso, se estarán enviando las señales positivas que los empresarios requieren para agilizar sus inversiones, se recuperarán los empleos perdidos y el Fisco recaudará más ingresos tributarios provenientes de la dinamización de las diversas actividades económicas que serán re impulsadas por los sectores productivo, aseguró Araujo.
Más tarde, el presidente Mauricio Funes dijo que no existen planes de una nueva reforma fiscal y emplazó a los empresarios a mostrarle una sola razón por las cuales dicen que ya hay un plan de aumentar los impuestos por parte del Ejecutivo.
Funes aclaró que de darse ese paso, se tendrá que consensuar en el seno del CES, previa discusión y análisis de un pacto fiscal, para luego pasarlo a consideración de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo los representantes de las gremiales empresariales reiteraron que no avalarán ninguna reforma tributaria y que si el Gobierno la pasa a los diputados, serán estos los responsables del mayor deterioro de la economía doméstica y que el pueblo se encargará de juzgarlos en la próxima elección.
Lo que el Gobierno pretende es discutir la reforma o paquetazo fiscal en el CES para justificar su legitimidad, pero a ese juego “no nos podemos prestar”, dijo el presidente de la ANEP, que dicho sea de paso, aseguró que en ningún momento están pensando con irse a un paro empresarial, como el ocurrido en 1986 en la administración de ex presidente José Napoleón Duarte.
Si reconoció que se debe aprender de los acontecimientos pasados, pero que en el marco de nuestra incipiente democracia y el desarrollo de los medios de comunicación y la era de las redes sociales, lo que debe imponerse es el diálogo y la concertación sobre los grandes temas de país mirando el largo plazo para no dejar más endeudadas a las futuras generaciones.

A nadie le gusta que le toquen la bolsa

Contados con los dedos de una mano son aquellos seres humanos que no tienen puesto su afán (interés) en las cosas materiales, pero la gran mayoría, por no decir todos, vivimos preocupados por asegurar nuestro disfrute futuro.

Esa visión no es mala, persé, pero debemos vivir el presente como si fuera nuestro último día, y eso significa vivirlo a plenitud, es decir dando siempre y no de lo que nos sobra, porque eso es lástima o compasión, menos generosidad. Si actuamos de esa manera descubriremos que dando es como se recibe. No lo digo yo, lo dicen las sagradas escrituras.

Esto no solo se aplica en el caso de las regalías, aplica en las relaciones entre el trabajador y la empresa, cuando el empleado da más de lo que tiene para desarrollar con excelencia su responsabilidad, sin robarle tiempo a su empleador y cuidando los bienes de la compañía y cuando los propietarios o accionistas pagan mucho más de lo que puede considerarse justo, según la ley.

Por qué traigo a colación estos conceptos milenarios, porque tanto los trabajadores como los empresarios salvadoreños todavía no entienden o no quieren entender que las leyes naturales, creadas por Dios para poner orden en el devenir del universo, son infalibles.

No entienden que cuando uno da se crea un vació, que alguien, como dirían los economistas clásicos, David Ricardo y Adam Smith, "la mano invisible", se encarga de llenar para volver al equilibrio, sin que sepamos cómo ocurre, pero sí el por qué, porque como dice la sabiduría popular, basada en preceptos divinos: manos que siempre dan, nunca están vacías.

La palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, Capítulo 6, versículos 31-33: No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

Cabe destacar que Dios sabe qué es lo que necesitamos y nos lo dará si le buscamos y actuamos con justicia para con nuestro prójimo. Y la justicia pasa obligadamente por no ser "ticuiceros", lo cual aplica tanto para las personas como para las empresas y sus propietarios o accionistas, que en la gran mayoría solo piensan en ahorrar para invertir en hacer crecer la compañía y darse ellos la gran vida, mientras a sus colaboradores, que les ayudan a generar la riqueza los mantienen con salarios que apenas alcanzan para reponer las energías gastadas en la jornada laboral.

Difícilmente a esa forma egoísta de administrar los bienes que Dios nos da, no se le puede llamar "visión de país". Así no se hace patria... sino que se sientan las bases para que poco a poco se destruya por la falta de solidaridad, no entre los que más tienen entre sí, como es la lucha de las gremiales empresariales, no por el bienestar de los que poco o nada tienen, sino por defender sus intereses y privilegios de grupo.

Es que acaso no se han dado cuenta que las empresas de mayor éxito en el mundo no son las que menos pagan a sus empleados, ni las que pagan caros despachos de abogados para que les ayuden a eludir impuestos, ni las que más ahorran, sino las que mejores salarios y prestaciones otorgan a sus colaboradores y a su entorno, entiéndase como Responsabilidad Social Empresarial (RSE), para utilizar un concepto que está muy de moda.

Esa actitud, que muchas compañías exitosas ponen en práctica en su gestión de negocios, las hace cada vez más exitosas, como una recompensa inexplicable de la generosidad, que la mano invisible de Dios se encarga de que vaya en aumento, como la luz del sol avanza, en sincronía con la rotación de la tierra, hasta que el día es perfecto.

Y por qué todo este cuento, porque ha comenzado de nuevo un tira y encoge entre el Gobierno y la empresa privada, los primeros tratando de cargar con más impuestos a los que ya pagamos y los otros tratando de evitar que eso se de, con la excusa de que la economía se deprimirá más, como dicen los economistas.

Trillados están los conceptos de que el Gobierno debe reducir el gasto corriente, no seguir endeudándose, priorizar sus necesidades, es decir no comprando lo que no necesita (carros de lujo por ejemplo); pero en consonancia con el comportamiento del ser humano, hace lo que le aconsejan que no haga, igual que un niño cuando se le dice que no haga algo porque es malo. Lo hace o por capricho o curiosidad. Yo creo que más por lo primero.

Creo que en razón de la justicia, no hay que ser "ni tan tan, ni muy muy". El Gobierno debe dar verdaderas muestras de austeridad no despilfarrando el dinero, que no le cuesta, en aumentos de salarios y contratación de plazas y otras cosas que son innecesarias.

También los empresarios y los que tenemos un empleo, regularmente o bien remunerado, debemos ser más solidarios con los menos privilegiados y también debemos sacrificar un poquito nuestro disfrute presente en aras de un mejor bienestar futuro de las nuevas generaciones para que no nos vayan a cortar los dedos por quitarnos los anillos.

Qué vale más, los dedos o los anillos, analisémoslo con mente fría y dispongámonos a compartir algo más de lo poco o mucho que tengamos, aunque reconozco que a nadie le gusta que nos toquen la bolsa.

Subsidios para qué y para quiénes

La actual coyuntura política y económica que atraviesa el país, debe hacernos reflexionar un poco sobre la disyuntiva de eliminar, racionalizar o redistribuir los subsidios estatales que se dan a grandes segmentos de la población.

Primero debemos tomar en cuenta que en estos días "la novia no está para tafetanes", como dice el refrán popular, porque las finanzas públicas no dan para más, pero el Gobierno se empecina en continúan con su errada política de despilfarrar lo que no le cuesta.

El Gobierno mantiene subsidios al gas doméstico, uniformes y útiles escolares, a la energía eléctrica, al transporte público de pasajeros, al agua potable, pensión universal para adultos mayores, bono a familias pobres para que manden a sus hijos a la escuela a cambio de controles de salud y entrega de semilla mejorada, para citar los más conocidos.

En un afán de mantener contentas a las grandes mayorías de población con fines electoreros, el Ejecutivo en lugar de racionalizarlos para disminuir el gasto público corriente, por el contrario, lo aumentó en 151.4 millones de dólares el año pasado, cuando se previa gastar en ello $374 millones, sin embargo el desembolsó fue de $525.4 millones.

Ese desmedido incremento en el gasto público corriente no solo fue financiado con más impuestos a los salvadoreños empleados, la clase alta y las empresas, sino con la contratación de mayor deuda pública externa, que se elevó a 11,778.3 millones de dólares, equivalente al 54% del Producto Interno Bruto (PIB).

Esto nos debe llevar a pensar concienzudamente a quienes y para qué se deben entregar algunos subsidios. En mi opinión personal pienso que únicamente se deben dar a aquellas familias que viven en condiciones de pobreza relativa y extrema, más no así a quienes ganan más de dos salarios mínimos ya sea individual o el grupo familiar (padres e hijos) que conviven bajo un mismo techo.

Eso desde el punto de vista de los ingresos, pero desde el punto de vista de las necesidades, creo que únicamente las subvenciones estatales solo deberían entregarse para educación, salud y, si acaso, para los adultos mayores que por diversas razones no se pensionaron al final de su vida productiva. Eso sí deben bien focalizados.

Por qué en salud y educación, porque son dos actividades que contribuyen a formar un capital humano saludable y educado académicamente, lo cual contribuirá en el largo plazo a mejorar las condiciones de vida de las futuras generaciones, sin necesidad de regalarles el pescado, sino enseñarles a pescar para que se forjen su propio bienestar.

Mantener el resto de subsidios, me parece que es alcahuetear la haraganería y, como si eso fuera poco, fomentar en la población de escasos recursos económicos que malgaste el dinero de nuestros impuestos en vicios y otras actividades sin beneficio para el desarrollo económico y social de la nación en su conjunto.

Como dice otro refrán: lo que no cuesta se hace fiesta. Y es que muchas personas (sobre todo del sexo masculino) ya estarán pensando que con los ocho dólares que les entregarán de subsidio por el gas doméstico para cocinar, ya estarán pensando que van gastarse ese dinero en un par de polarizadas más cada mes.

Y como reza otro adagio popular: nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde, en otras palabras al subsidiar a Mundo y Reimundo, se fomenta el despilfarro, porque la gente como sabe que se lo regalan no hacen el esfuerzo por ahorrar, lo cual es beneficioso para las familias como para el país en general, recursos que a al final se pueden invertir en formar mano de obra más capacitada y calificada y con ello comenzar a caminar por la senda del desarrollo.