El Gobierno y la empresa privada se han entrampado en dimes y diretes acerca de un paquete fiscal que se está preparando sin el consentimiento de los empresarios y que el Ejecutivo quiere discutir en el Consejo Económico y Social (CES) para justificar el alza de impuestos y lograr su aprobación al pasarlo a la Asamblea Legislativa.
El lunes, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) destacó que el gobierno pretende imponer el paquete fiscal, disfrazándolo de una reforma tributaria como parte de un pacto fiscal, que ni siquiera se ha discutido con profundidad de análisis en el seno del CES.
La ANEP reiteró que no avalarán ese paquetazo fiscal, porque más impuestos contraerán más la economía y perjudicarán el bolsillo de todo el pueblo, pero principalmente el de las familias más pobres.
El presidente de la cúpula empresarial dijo que los impuestos no pueden ser ni pretender ser solo para los ricos, como sostiene el Gobierno, porque al final “los impuestos los pagamos todos los salvadoreños”.
Ante ese tira y encoge, los empresarios tomaron la palabra al arzobispo de San Salvador, Monseñor Luis Alas, quien en la homilía del pasado domingo llamó al Gobierno a dialogar con la empresa privada para discutir el aumento de impuestos y buscar la forma de sacar adelante y enrumbar al país hacia la recuperación económica.
En la conferencia de prensa de la ANEP, que estuvo respaldada por representantes de todos los sectores productivos del país, el presidente de la gremial, pidió al Ejecutivo que dialoguen sobre un verdadero pacto fiscal y que no pretenda imponer una reforma tributaria inconsulta con los empresarios que son los que pagan los impuestos.
Araujo dijo que antes de hablar de una reforma tributaria, hay que retomar la negociación de un genuino pacto fiscal, en que se analicen el gasto corriente del Gobierno, los ingresos que percibe y el clima de inversiones, pero con la debida transparencia y rendición de cuentas a la población.
Lamentó que el Ejecutivo haya implantado un paquetazo fiscal en 2010, aumentado el gasto corriente con alzas de salarios a los burócratas y nuevas plazas gubernamentales, el desproporcionado incremento de la deuda pública que ya supera el 54% del Producto Interno Bruto (PIB) y en general la poca transparencia en la ejecución de la inversión pública.
Pidió que se ponga en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública tal y como fue aprobada en diciembre del año pasado y que se modernice la Corte de Cuentas, convirtiéndolo en un institución contralora independiente, sin cuotas partidarias.
Se debe elegir a sus dirigentes más por capacidad académica y honorabilidad que por formar parte de un partido político, dijo en clara alusión a que hasta hoy, la Corte de Cuentas siempre ha estado politizada e ideologizada.
Solo si se hace eso, se estarán enviando las señales positivas que los empresarios requieren para agilizar sus inversiones, se recuperarán los empleos perdidos y el Fisco recaudará más ingresos tributarios provenientes de la dinamización de las diversas actividades económicas que serán re impulsadas por los sectores productivo, aseguró Araujo.
Más tarde, el presidente Mauricio Funes dijo que no existen planes de una nueva reforma fiscal y emplazó a los empresarios a mostrarle una sola razón por las cuales dicen que ya hay un plan de aumentar los impuestos por parte del Ejecutivo.
Funes aclaró que de darse ese paso, se tendrá que consensuar en el seno del CES, previa discusión y análisis de un pacto fiscal, para luego pasarlo a consideración de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo los representantes de las gremiales empresariales reiteraron que no avalarán ninguna reforma tributaria y que si el Gobierno la pasa a los diputados, serán estos los responsables del mayor deterioro de la economía doméstica y que el pueblo se encargará de juzgarlos en la próxima elección.
Lo que el Gobierno pretende es discutir la reforma o paquetazo fiscal en el CES para justificar su legitimidad, pero a ese juego “no nos podemos prestar”, dijo el presidente de la ANEP, que dicho sea de paso, aseguró que en ningún momento están pensando con irse a un paro empresarial, como el ocurrido en 1986 en la administración de ex presidente José Napoleón Duarte.
Si reconoció que se debe aprender de los acontecimientos pasados, pero que en el marco de nuestra incipiente democracia y el desarrollo de los medios de comunicación y la era de las redes sociales, lo que debe imponerse es el diálogo y la concertación sobre los grandes temas de país mirando el largo plazo para no dejar más endeudadas a las futuras generaciones.
lunes, 21 de febrero de 2011
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