Subsidio al gas, un riesgo político

La discusión sobre si debe o no liberarse el precio del gas propano, más allá del ahorro para el erario público, ha tomado un giro netamente político. Y es que después de que dirigentes de la empresa privada le tomara la palabra a los centros de pensamiento y analistas económicos para reorientar el subsidio que el Gobierno da a los consumidores, ahora la pelota llegó a la cancha legislativa.
Aunque desconozco si la focalización del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) se puede implementar mediante un decreto ejecutivo, lo cierto es que en la sesión plenaria del 20 de enero, los diputados aprobaron con 59 votos enviar a estudio de la comisión de economía del Parlamento una propuesta que podría postergar el subsidio al gas propano.
La iniciativa fue presentada por la fracción legislativa del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y busca que la población continúe gozando del beneficio actual y que no se focalice como lo pretende el Gobierno.
Esta misma semana (17-21 de enero) el presidente Mauricio Funes adelantó que analizará con mayor detenimiento el esquema de focalización del subsidio elaborado por el Ministerio de Economía, y que dependiendo de la información que le proporcione el gabinete económico, él decidirá si entra o no en febrero próximo, pero afirmó que la focalización "va, porque va".
El problema fundamental más, allá de algunas fallas técnicas que contiene el mecanismo para impulsarlo, ahora es político, más pensando en los votos que el partido en el Gobierno podría perder en las próximas elecciones legislativas y municipales.
Ahora bien, me parece que la propuesta de ARENA para que la comisión legislativa de economía analice los efectos de la liberación del precio del GLP en el bolsillo de los consumidores, tiene dos propósitos, uno, y el más aceptable, depurar el mecanismo para que sus efectos perversos sean los menores posibles y, dos, provocar que la entrada en vigencia del mismo se haga lo más cerca posible de las elecciones del próximo año.
Con esto, en el fondo, lo que pretende la bancada tricolor y el resto de fracciones que lo aprobaron, es que los efectos negativos de la medida estén frescos en la mente de los votantes, a fin de que den un voto de castigo al partido en el Gobierno y con ello recuperar ciertos escaños legislativos que perdió tras la fuga de algunos de sus diputados.
A mí, en lo personal, me parece que no deberían darle largas al asunto, y que se apruebe por decreto ejecutivo o legislativo, solo para los que consumen menos de 99 kilovatios hora mes, e incluir a los que no tienen energía eléctrica, por supuesto, ya que son familias realmente muy pobres; además deberá excluirse a los ranchos de playa y segundas casas, que mucha gente acomodada tiene en las grandes ciudades y otros lugares rurales del país, como fincas, por ejemplo, en aras de aplicar la medida con justicia y en beneficio solo de los más pobres.
Para no complicar el mecanismo elaborado, a menos que se encuentre uno mejor que se puede implementar más adelante, y evitar que se preste a corrupción, se debería dejar fuera a todos los pequeños negocios, pupuserías, tortillerías, comedores, panaderías, taquerías, carritos de “hog dog”, cafeterías y tortas “mexicanas”, por mencionar los más comunes que usan gas para preparar esos alimentos.
¿Por qué? Porque al incluirlos, el sistema se convertiría en una piñata que todo mundo querrá reventar para su propio beneficio, ya que es casi seguro que la mayoría de estos comerciantes siempre aumentarán el costo de sus productos, aduciendo que los han dejado fuera de la subvención estatal.
Por otra parte, no faltarán aquellos aprovechados que se inventarán pequeños negocios como estos, aunque “la venta” solo se haga para quienes viven en casa, y que con la mentirita piadosa de que no se vende, se beneficiarán de la medida.
Por otra parte, al margen de que el Gobierno no haya sido capaz de encontrar otro mecanismo mejor, como dicen algunos analistas, que solo critican y poco proponen, porque ni ellos mismos, igual que yo, no saben cómo hacerlo, y sino que lo digan a ver qué tan perfecto es su modelo, creo que debe echarse andar lo antes posible, basado en el universo de quienes consumen menos de 99 kilovatios hora mes, agregando las viviendas que no cuentan con energía eléctrica y sacando del sistema a los propietarios de ranchos de playa y segundas casas tanto en las ciudades como en el campo.
Los que consumimos arriba de 99 kilovatios hora mes algún poder de compra tenemos, y creo que es de justicia sacrificarnos en aras del bienestar de los más pobres y en especial de los extremadamente pobres.
Así el Gobierno puede cumplir su cometido de ahorrar más de 60 millones de dólares y honrar su compromiso ante el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que casi han condicionado seguir concediendo créditos al país, a cambio de que se implemente la focalización al GLP.
Creo que es lo mejor si se quiere conservar la poca solvencia de las finanzas públicas y no complicarlas más, pues el país está a milímetros de ahorcarse en el árbol del FMI, como prestamista de última instancia, y eso no nos conviene a los salvadoreños, que siempre hemos demostrado que tenemos la creatividad y el coraje para salir adelante aún de las más duras pruebas, como el conflicto armado (que ya no debemos recordar), tormentas y terremotos.
Presidente, si yo estuviera en su puesto, lo implementaría desde febrero y asumiría el costo político que pueda traer la medida.
Hay heridas tan dolorosas, que es preferible curarlas de una vez aunque la medicina sea amarga en lugar de mantenerlas sangrando toda la vida.